julio 16, 2020

I saw my reflection in my father’s final tears

The wind was slowly melting, San Francisco disappears

Acid heads, unmade beds, and you Woodward world queers

I know you’re lonely…

Jane S Piddy – Sixto Rodríguez

 

Este concepto de PIN Parental comenzó a ser usado en los servicios de televisión de paga o en los de internet, a fin de que los padres tengan un PIN (una contraseña numérica, como en el cajero automático) para bloquear o permitir ciertos canales o páginas en el momento en el que sus hijos ven la televisión o navegan en los aparatos electrónicos, con el objetivo de prevenir que los menores tengan acceso a contenido violento o pornográfico. Hasta ahí, comprensible, y hasta deseable.

Sin embargo, en la campaña electoral española del pasado abril, el término fue popularizado por el partido de ultraderecha Vox con la finalidad de trasladar ese concepto a la potestad de los padres sobre los contenidos educativos, sobreponiéndose a la potestad del Estado sobre la educación. Es decir, que los padres pueden “bloquear” ciertos contenidos, en función de sus taras conceptuales, o lo que ellos llaman “ideología, moral y valores”. 

Los contenidos que la propuesta pretende volver susceptibles de ser “bloqueados” por los padres (en detrimento de la formación de las infancias) son, obvia y básicamente, los del tronco común de los derechos humanos: diversidad erótico-afectiva o su orientación y prácticas, identidad cis y transgénero, equidad de género y feminismo, adopción homoparental, Interrupción Legal del Embarazo (ILE), autocuidado sexual y prevención del abuso, métodos anticonceptivos, educación sexual integral y científica; pero puede ir más allá, hasta fomentar el negacionismo del holocausto o del peligro histórico de la dictadura franquista y de los fascismos en el mundo, o –de plano- propiciar sandeces como los movimientos terraplanistas o antivacunas, sólo porque esos contenidos “vulneran” el derecho de los padres para educar a sus hijos de la forma que creen más conveniente, de acuerdo a sus propios sesgos cognitivos.

Esta propuesta electoral ganó fuerza en España, sin embargo (a pesar del chantaje y la extorsión que Vox ha planteado para que pase su iniciativa, a cambio de la aprobación de presupuestos), es poco probable que este esperpento legislativo se cristalice. Penosamente, la virulencia de las ultraderechas es de mucho contagio y, en México, esa idea peligrosa ya ha cundido. El Congreso de Nuevo León se encuentra esta semana en el debate para aprobar o no una iniciativa de reforma a la Ley de Educación local para establecer la misma idea rancia del PIN Parental. Esta es una iniciativa del Partido Encuentro Social local, ligado a las confesiones del cisma cristiano.

Pero no sólo en Nuevo León se ha impulsado este retroceso. En el congreso local de Aguascalientes recién fue aprobada en pleno una iniciativa similar, incluida en la reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, publicada ya en el Periódico Oficial del Estado, en su emisión del 25 de mayo de este año, que a la letra dice: “La Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”. Una pendiente riesgosa y resbaladiza por donde se le vea. Aceptar eso es como permitir que a los menores les enseñe a nadar alguien que no necesariamente sabe nadar.

Ante el riesgo que esto implica, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes se mostró a favor del sentido común y de los derechos humanos; así como contraria al establecimiento de esta reforma, como se dio a conocer en La Purísima… Grilla, de este mismo diario, el pasado 25 de mayo, justo el día en que se publicó la reforma (https://www.lja.mx/2020/05/la-purisima-grilla-un-paso-adelante/). Es de resaltar el posicionamiento de avanzada que manifestó la Secretaría General de Gobierno, en total congruencia con su responsabilidad pública de velar por los derechos humanos en general, con la aplicación cabal del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y con su responsabilidad de privilegiar el Interés Superior de Niñas Niños y Adolescentes, consignado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, dada la publicación en el Periódico Oficial, se ven acotados los márgenes de operación política para subsanar este yerro. 

El tema, obviamente, no es sobre la moral o los valores; ni sobre el derecho de los padres a educar a las infancias bajo su tutela. El tema es multidimensional, y tiene que ver con qué tan dispuestos estamos a menoscabar el conocimiento científico, el pensamiento crítico, y la educación laica e integral, por favorecer la perpetuación transgeneracional de las taras ideológicas y conceptuales; sobre todo, en un país cuya población tiene problemas para entender de biología o de ciencia en general, de civismo, de vida comunitaria, de inclusión de la diversidad sexual, de una vida libre de violencia para las mujeres, o de derechos humanos elementales.

Este tema abarca, además, al federalismo y a la supremacía de la CPEUM como ley mayor en el territorio nacional, ya que la aplicación práctica de esta reforma puede atentar contra la cabal aplicación del Artículo Tercero Constitucional, dado que los contenidos de tronco común en la currícula de educación básica son instruidos por la Secretaría de Educación Pública, y queda a las entidades la expedición de adiciones extracurriculares, no así la potestad para reducir los contenidos curriculares diseñados y aprobados para toda la población del territorio nacional.

El tema es, también, sobre cómo las personas con sesgos pueden confundir conocimiento con ideología. Y cómo esto es una amenaza para que las infancias posean un “piso parejo” de herramientas intelectuales y cognitivas, con las que puedan evitar ser timados por sacerdotes o pastores, por políticos, por charlatanes, por pseudo científicos, o por abusadores de cualquier tipo, vulnerando así los horizontes de desarrollo pleno y de libre elección en la construcción de la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

Más aún, el tema va encaminado a discutir las lindes que separan a la tutela de la propiedad. Permitir que sea implementada una iniciativa adultocentrista y cosificadora como ésta, implica aceptar que las infancias no son un sujeto, sino un objeto, cuyo derecho de propiedad recae en los padres, para “moldear” a una persona adulta futura, basándose en las propias limitantes y prejuicios de los padres. Aceptar eso, implica perder de vista que la educación es un derecho, y que el sujeto de ese derecho son las infancias, no los padres. 

Visto así, una educación (como lo dicta el artículo 3° de la CPEUM) completa e integral; científica, laica, humanista, positiva; solidaria, basada en los derechos humanos; que luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; democrática y cívica: y que enseñe a apreciar la diversidad cultural, y la dignidad de la persona, es un derecho constitucional de las niñas, los niños, y adolescentes. Es un derecho que, ni los legisladores con atavismos morales, ni siquiera los padres, pueden abolir. 

alan.santacruz@gmail.com | @_alan_santacruz | /alan.santacruz.9

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